ESTADO DE LA SST EN EL 2001

 

Hace poco encontré un documento que presenté en 2001 en la Asamblea Nacional en momentos en que nuestro colectivo (profesores de la UCV, UCLA, UC, dirigentes sindicales y luchadores sociales) andaba promoviendo la puesta en marcha del INPSASEL, creado por la LOPCYMAT de 1986. Poco antes el Presidente Hugo Chávez designó al Dr. Enrique Agüero Gorrín Presidente del instituto, y a quien suscribe, como Suplente del Presidente. Es de recordar que en el parlamento había la inquietud por reformar la LOPCYMAT y estaba en plena discusión el tema de la seguridad social, con una comisión que encabezaba el entonces Fiscal General de la República, el Dr. Isaías Rodrígez.

Forma parte ese documento, que aparece a continuación, de los papeles que debemos rescatar, para sistematizas la historia de la SST en Venezuela, y que puede servirnos para evaluar en que hemos avanzado y en qué cosas debemos promover su avance. Se hace un balance de lo que llamamos el estado del arte para la fecha, es decir, como estaba la situación para el 2001.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ASAMBLEA NACIONAL

“LOS RIESGOS LABORALES”
Caracas, 14 de marzo de 2001

Ponente: Ing. Eric Omaña*
*Coordinador del Centro de Salud Ocupacional. Facultad de Medicina.
Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN:

Se me ha honrado con la posibilidad de realizar ante un destacado grupo de Asambleístas y sus equipos asesores, una disertación acerca de los Peligros y Riesgos Laborales, en virtud de estar en el ambiente la discusión de las leyes de los subsistemas de la Seguridad Social, uno de los cuales trata precisamente sobre Riesgos Laborales.

En ese sentido, haremos un recorrido primero conceptual de la diferencia entre riesgo laboral y daño laboral, exponiendo algunos ejemplos que les relacionan intrínsecamente, luego analizaremos brevemente las estadísticas de daño disponibles, a nivel mundial y a nivel local, ya que se carece de estadísticas de los factores de riesgos laborales, y finalmente se revisará la situación venezolana al momento actual, tanto la que corresponde a lo escrito (leyes y demás normativas) como la que corresponde a la realidad, para finalmente presentar algunas ideas de lo que pudiera ser un subsistema de esta naturaleza.

LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:

Venezuela es un país que ha contado con importante recursos económicos que han permitido con relativa facilidad importar procesos industriales de otras latitudes para intentar un desarrollo de la industria local, pero lamentablemente en muchos casos lo que se ha hecho es importar tecnología de desecho, porque ha sido más barata, pero que ha conducido a la introducción de máquinas peligrosas, que operan con sustancias peligrosas y cuyos elementos de prevención, de existir en sus países de origen, no llegan a la empresa importadora. En realidad son empresas fachadas, fachadas para que sus dueños aprovechen la renta petrolera, pero no para desarrollar al país, en la mayoría de los casos, lamentablemente.

Pero no sólo el parque industrial no es el más seguro para trabajar, sino que igual situación puede apreciarse en las otras actividades económicas, desde la agricultura hasta los sectores de los servicios. En el campo venezolano se continúan usando sustancias nocivas no sólo para el trabajador agropecuario que hace uso de ellas, sino para sus familias y para los ecosistemas medioambientales. En el área de los servicios se puede apreciar que desde hospitales públicos hasta clínicas privadas se usan tecnologías peligrosas que ponen en riesgo a los trabajadores de la salud y todas las personas que requieren de sus servicios, tanto pacientes como las familias de estos.

La mortalidad por plaguicidas, pese al reconocido sub-registro, continúa siendo la primera causa de muerte ocupacional por exposición a sustancias químicas en Venezuela, acentuada por supuesto en los estados de mayor producción agrícola: Portuguesa, Mérida y Zulia.

Mientras que en las ciudades la primera causa de mortalidad son las caídas y demás accidentes que sufren los trabajadores del sector de la construcción.

Esto no quiere decir que en otras regiones de la República no se sientan los efectos del manejo de agroquímicos o de la falta de prevención en la industria de la construcción.

A ello debe agregarse la poca mentalidad prevencionista de la población, que en general no ha sido preparada para enfrentar los peligros naturales, sociales y mucho menos los asociados a las tecnologías, sean ellas viejas o nuevas tecnologías. De manera tal que el desconocimiento es, una de las condiciones que menos favorecen a las personas que trabajan, y ese desconocimiento va desde la tarea que realiza hasta los agentes ambientales y condiciones de trabajo a los cuales se expondrá, la naturaleza de los peligros, la forma de prevenir sus efectos, así como los efectos o daños ocasionados por los mismos, manifestados como accidentes y enfermedades laborales.

Numerosas personas laboran con sustancias cancerígenas sin saber lo que tienen entre manos. Numerosos trabajadores son colocados en puestos de trabajo con exposición a radiaciones ionizantes sin saber que pueden, desde dejar de tener descendencia, hasta tener hijos con anormalidades que afectaran la salud física y mental de esa prole. La falta de prevención sumada al desconocimiento son el caldo de cultivo para que los riesgos laborales se manifiesten afectando la salud de los trabajadores.

Por otro lado, se agrega a este cuadro el poco desarrollo de un empresario actualizado con las máximas de los empresarios de otras latitudes, quienes ya han descubierto y aplican el concepto de que prevención es una inversión. Aquí, gran parte del empresariado ve esta inversión como un gasto, que hay que sumar al lado de las pérdidas en los balances económicos de la empresa. Esto los lleva a no mejorar las condiciones de trabajo, porque no quieren entender que el aumento de la productividad pasa por mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, en realidad no les interesa, porque saben que sus ganancias provienen más de lo que extraen de los préstamos del Estado, que por lo general luego no van a honrar ante la incapacidad y complicidad de la estructura gubernamental de control.

Del sector de los trabajadores, con honrosas excepciones, detectamos a una dirigencia sindical que en su contexto general no se ha interesado por las condiciones y medio ambiente de trabajo, que ha dejado solos a los trabajadores que sufren accidentes y enfermedades profesionales, que no los han acompañado en sus reclamos, contribuyendo a esa industria del juicio, en la cual algunos litigantes están a la caza de un afectado para intentar ejecutar demandas millonarias contra las empresas por la figura de daños y prejuicios, daño moral, etc. (nunca por las sanciones contempladas en la LOPCYMAT, para finalmente pactar con la empresa por cantidades menores a la demanda y donde el trabajador resulta doblemente afectado, en lo físico-mental, y en lo económico.

Este nefasto marco se cierra con unos gobiernos que se han caracterizado por no hacer cumplir las leyes de la República. Un ejemplo de ello es que ha sido ahora, luego de 14 años de haberse promulgado la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que en el Ministerio del Trabajo, instancia de adscripción del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales contemplado en la LOPCYMAT, empieza a dar ese alumbramiento de este nuevo instituto. No hay excusas para que los gobiernos de los Srs. Pérez, Lusinchi, Velásquez y Caldera no hayan emprendido una política de prevención de peligros y de previsión de los riesgos en el trabajo.

PELIGROS Y RIESGOS DEL TRABAJO:

En el marco de esta conferencia debe aclararse a que se denominan riesgos del trabajo, porque no se puede hablar de sistemas, sub-sistemas o regímenes de riesgos de trabajo sin definir de que trata. Para la casi totalidad del mundo académico no sólo de Venezuela sino del mundo entero, para la Ley de Riesgos Laborales de España, para la Norma Industrial Covenín sobre Programas de Higiene y Seguridad, y otros textos relativos a la materia, Riesgos del Trabajo son las probabilidades que un trabajador sufra un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, desarrolle limitaciones en su vida (no tener hijos), tenga hijos deformes, o muera él mismo como consecuencia, lo que vale decir origen (etiología), de haberse expuesto a unas determinadas condiciones y medio ambiente de trabajo peligrosos sin estar debidamente protegido.

La protección implicar que haya sido convenientemente separado del agente de peligro que genera el riesgo (como los químicos peligrosos o las máquinas inseguras, para citar sólo dos ejemplos, es decir, que la fuente de peligro generadora de los riesgos haya sido aislada, confinada, o que se haya tratado el medio en el cual viaja el riesgo (creando barreras físicas, por ejemplo) o que incluso se haya dotado al trabajador de elementos de protección personal. Todo ello dentro de un plan de formación ocupacional, que lo lleve a realizar tareas para las cuales haya desarrollado las correspondientes habilidades, con las máquinas y herramientas apropiadas, en un microclima apropiado, con conocimiento de los efectos de los peligros y riesgos a los que se expone y bajo una política de formación del talento humano (eso que llaman recursos humanos) que estimule su creativa y su participación.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta definición. Quienes defienden el papel a ultranza de la banca privada en los modelos de riesgos laborales en América Latina consideran que los riesgos son un
asunto meramente económico de las empresas y llegan a confundir, muy intencionalmente, lo que es causa con el efecto, es decir, igualan riesgos con accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Un economista de la UCV, bajo esta óptica ha llegado a contabilizar que en Venezuela con una población económicamente activa (PEA) de casi unos 8 millones de compatriotas ocurren más accidentes que en países con una PEA de 30 millones. Este colega ucevista es un invitado permanente a los foros que promueven las empresas que pretender convertirse en aseguradoras de riesgos laborales o de riesgos del trabajo (ARL o ART).

La revisión que se ha realizado de las leyes de los países donde se ha aplicado cabalmente la receta del
Fondo Monetario Internacional (FMI) como Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, concluye que las mismas carecen de una definición de riesgo laboral, a diferencia del ya citado caso de España. La no inclusión del concepto de riesgo laboral, puede llevar a que un subsistema sobre las contingencias que sufren los trabajadores por los procesos laborales, minimice las sanciones existentes contra los empleadores en la LOPCYMAT.

En estos países de la región, no existía, previo la introducción de leyes sobre riesgos del trabajo o riesgos laborales, ningún tipo de legislación preventiva, que no es el caso de Venezuela, que dispone de la misma desde 1986. Y donde la hubo, como en el caso de Argentina, fue desmontada dejando a las entidades privadas de riesgos del trabajo la tarea de “prevenir” los accidentes y las enfermedades profesionales.

De tal manera que riesgo, para nosotros los académicos, los prevencionista de verdad y quienes no siendo de ninguna de las dos categorías anteriores, pertenecen a este mundo de la salud y seguridad en el trabajo, es la exposición en el trabajo a agentes químicos (gases, vapores, ácidos, etc.), la exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, calor, radiaciones, etc.), la exposición a agentes biológicos (hongos, bacterias, virus, etc), la exposición a incompatibilidades ergonómicas causantes de accidentes de trabajo y lesiones musculoesqueléticas), la exposición a condiciones meteorológicas (sol,
vientos, humedad extrema, etc.) y sobre todo, el trabajar sin conocer los peligros, la manera de controlarlos y sus efectos sobre la salud y la vida, donde además debe ser prioritario, la atención al tema de la vulnerabilidad del trabajador, variable que no suele ser considerada ni siquiera a la hora de la asignación de equipos de protección personal.

ACCIDENTES DE TRABAJO:

Hasta 1997, año en que ante el Plan Caldera de privatizar la salud se cierra la Dirección de Medicina del Trabajo del IVSS, se registraban anualmente un promedio de 15.000 accidentes de trabajo en el área de cobertura del Seguro Social, la cual como se sabe no sobrepasa el 25% de los trabajadores de la economía formal del país. Esa cifra permite proyectar que cada año se accidentan en Venezuela más de 60.000 personas como consecuencia de la actividad laboral desempeñada. El registro actual de Ministerio del Trabajo no es creíble en lo absoluto (el promedio anual es de 4.000 casos). Pero esa cifra corresponde sólo a la economía formal, que hoy por hoy representa el 50% de la PEA en Venezuela. De allí que la proyección pudiera derivar en la ocurrencia de 120.000 trabajadores accidentados cada año.

Estos accidentes incluyen un promedio anual de 1.000 muertes y 12.000 discapacitados. Considerando la dimensión humana, económica y social del accidente de trabajo en el aspecto “días indemnizados por el IVSS por accidentes de trabajo”, el promedio anual es superior a 400.000 días, lo que equivale a una pérdida de 2.100 años de trabajo. Las pérdidas económicas directas no se conocen, pero actualmente se pudieran aproximar a dos mil millones de dólares. La proyección hacia los trabajadores de la mal llamada economía informal pudiera duplicar esta “ingratas cifras” de días, años y bolívares perdidos.

Para organismos internacionales como OIT y la OPS, el costo de los accidentes y enfermedades laborales en los países en vías de desarrollo podrían representar entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. No en balde, asesores de esos organismos han planteado que países como Venezuela hubieran podido pagar su deuda externa si hubiesen podido ahorrar lo que por las malas condiciones y ambientes de trabajo han tenido que gastar.

Todo esto sin considerar los accidentes en tránsito que afectan a cientos de trabajadores anualmente, es decir, durante el recorrido del circuito vivienda del trabajador-empresa-vivienda, que por razones que ignoramos no es cubierta, desde el punto de vista por el IVSS para sus trabajadores asegurados. Tal vez la razón que explique esto es que ha habido la tendencia a tener que ir a los tribunales para demostrar que los accidentes en tránsito, dentro del circuito anteriormente mencionado es un accidente de trabajo, contemplado hoy en día en casi todas las legislaciones de la mayoría de los países.

Es resaltable que para algunos trabajadores, esta variable de accidentes en tránsito no es considerada, salvo que ellos estén en sindicatos que han tomado esta precaución y han incorporado en sus contratos colectivos el tema.

ENFERMEDADES PROFESIONALES:

No existe un sistema de notificación, registro y análisis de las enfermedades profesionales, las cuales ni siquiera aparecen en los anuarios de epidemiología nacional, porque entre otros factores se destaca el hecho de que estos desequilibrios de la salud no han sido declarados “enfermedades de denuncia
obligatoria”. Hasta finales del pasado gobierno, cuando el Presidente del IVSS de entonces cerró a la dependencia con facultades en esta materia, la Dirección de Medicina del Trabajo venía reportando anualmente un promedio de 300 casos de este tipo de patologías, pero la cifra puede ser del orden de 36.000 casos, ya que estadísticas de países con desarrollo similares a Venezuela indican que las enfermedades profesionales pueden representar el 30% de la cifra que arrojan los accidentes de trabajo.

Los cambios en los perfiles de salud-enfermedad de la población general demuestran un aumento creciente de patologías inherentes a la incorporación de tecnologías nocivas, generalmente desechadas por los países industrializados.

Ejemplo de estos es el aumento significativo del cáncer, atribuido en un alto porcentaje a sustancias y condiciones presentes en los ambientes de trabajo, así como el aumento de patologías musculo-esqueléticas que por igual razón acrecientan la demanda de servicios de recuperación de la salud.

SERVICIOS GUBERNAMENTALES:

Los entes públicos encargados de vigilar, controlar y dictar políticas sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo carecen de fortaleza política, económica y de coherencia administrativa para lograr un mejor aprovechamiento de los pocos recursos que disponen.

El INPSASEL creado por la LOPCYMAT en 1986 para eliminar la gran dispersión de los servicios de salud y seguridad laborales no fue puesto a funcionar por los gobiernos de la IV República y es ahora con este nuevo proceso que comienza a dar sus primeros pasos.

Para su funcionamiento pleno se requiere que los recursos económicos, el personal, la infraestructura y las funciones de la Dirección de Medicina del Trabajo del IVSS, de la Supervisión de Empresas de la
Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y de los Programas de Plaguicidas e Higiene Ocupacional del Ministerio de Salud y Desarrollo Social pasen a formar parte del nuevo instituto.

Somos testigos de excepción de que la incomprensión del problema de la salud y seguridad de los trabajadores, así como la eterna celopatía (enfermedad que según Cañizales sufren quienes estando en posiciones directivas no aceptan ceder posiciones para no perder poder político) y el mar de problemas a resolver por quienes recién han llegado a dirigir en el seno de los organismos anteriormente mencionados, han impedido estas transferencias. Lo peor de todo ello es que estos equipos directivos están violando la LOPCYMAT, la cual en su articulado prevé estas transferencias.

La situación actual de los Servicios Gubernamentales de Higiene, Seguridad y Medicina Ocupacionales no podía ser de mas minusvalía si la comparamos por ejemplo con el año de 1986, cuando fue promulgada la LOPCYMAT. ¿Cuáles fueron los cambios ocurridos en el ínterin?

Empecemos por el IVSS. Se tenía una Dirección de Medicina del Trabajo con 35 especialistas en medicina ocupacional, 150 inspectores de seguridad industrial y 12 ingenieros para los estudios de higiene ocupacional. Poseía además un laboratorio toxicológico el cual prestaba un gran servicio a la parte médica. Debido al plan de acabar con el IVSS, el último presidente de la institución nombrado por el Presidente Caldera cerró esta dirección generando una crisis hacia el interior de la misma, debido a que entre otras tareas, los citados inspectores se encargaban de prepara el informe de los accidentes que demandaban prestaciones dinerarias.

Siguieron ocurriendo accidentes de trabajo y la crisis se hizo mayor en la Caja Regional del IVSS, por lo que el actual Presidente del IVSS se vio obligado a contratar a parte del personal despedido para cumplir esta función, que por informaciones extraoficiales viene presentando un déficit de 1.000 casos por evaluar y preparar el citado informe. El personal de esta Dirección para todo el país está por el orden de 35 personas (información verbal obtenida de una directiva).

En el Ministerio del Trabajo, durante el segundo período presidencial del Dr. Caldera, le bajaron el rango a la instancia responsable desde una Dirección General Sectorial hasta una Dirección de línea sin personal adscrito.

La Dirección General Sectorial de Previsión Social, que me tocó dirigir a principios del segundo período presidencial del Sr. Pérez, tenía unos 400 funcionarios; en la actualidad la Dirección de Seguridad Industrial no pasa de tres personas para todo el país. Toda la inspección de higiene y seguridad industriales se está realizando en la Unidades de Supervisión adscritas a las Inspectorías del Trabajo, pero de una manera ínfima ya que el Supervisor, ahora “integral” o "todero" porque debe ver de todo, invierte más su tiempo en las demandas inmediatas de los trabajadores, como las relacionadas con despidos, violaciones de la contratación colectiva, etc.

Debido a que las condiciones de trabajo no suelen ser las demandas inmediatas de los trabajadores, estos supervisores no están atacando el problema de fondo, salvo en casos alarmantes, como ha sucedido en empresas donde han ocurrido muertes de trabajadores que a su vez han sido profusamente difundidas por la prensa regional.

Por último el caso del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Allí se fundó en 1960 el primer programa nacional de higiene ocupacional, allí funcionó el programa de neumoconiosis, ambos activos para la fecha de comparación (1986) con un personal pequeño pero de alta calidad. 10 médicos, 10 ingenieros y 15 inspectores de alta competencia, fueron capaces de visitar y elaborar planes para industrias tan grandes como SIDOR, como para empresas medianas y pequeñas. Este personal fue la base de los estudios nacionales de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Riesgos Profesionales (1977), de la Comisión de Neumoconiosis y de la Comisión Coordinadora de Higiene y Seguridad que investigó el accidente catastrófico de la Termoeléctrica ubicada en Tacoa, tuve el honor de coordinar las respectivas inspecciones.

De los recursos que otrora dispusiese el MSDS para la prevención de peligros y riesgos, el laboratorio de higiene ocupacional y contaminación atmosférica es lo único que queda. El personal se jubiló o se fue a otras dependencias, y el reemplazo fue paulatinamente cargado con otras funciones, como control de construcciones, de malarias, etc. Sin embargo, ligado a la prevención de quedan actividades de saneamiento en las empresas y control de plaguicidas que deberán pasar al INPSASEL.

En cuanto al INPSASEL debo indicar que el año de 1977, los miembros de la Comisión Presidencial para la Evaluación de los Riesgos Profesionales entregaron su informe final al Presidente, solicitando que ante las evidencias recabadas, el Gobierno Nacional debía declarar la salud y seguridad de los trabajadores en emergencia y priorizar su atención. El Sr. Pérez y quienes le siguieron en el cargo desatendieron esta recomendación, hasta que a mediados del año 2000, el Presidente Comandante Hugo Chávez nombró al Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en la persona del Dr. Enrique Agüero Gorrín y designara a este servidor como
Suplente del Presidente del INPSASEL.

Aquella Comisión Presidencial de 1977, encabezada por prominentes investigadores ucevistas no se conformó con la redacción del Informe Final, sino que presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que casi una década después fue sancionado y promulgado, se trata de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Como lo afirma el Dr. Enrique Agüero Gorrín, a él le correspondió darle forma jurídica a la propuesta de la Comisión multidisciplinaria e Interinstitucional que había sido creada.

El intento de normar los aspectos relacionados con los riesgos laborales data de 1968, año en que el Consejo de Ministros había aprobado el Reglamento ”De las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, y estaban vigentes las Leyes de Sanidad, de Trabajo y de Seguro Social Obligatorio. Sin embargo, estos instrumentos sociales no habían permitido enfrentar los problemas de salud y seguridad de los trabajadores. Hoy en día se puede afirmar que ninguna de leyes que facilitan a los Ministerio del Trabajo y Salud así como al IVSS su participación en este problema ni las reglamentaciones que a su alrededor se han promulgado han logrado el objetivo de promover, preservar y defender la salud de los trabajadores de este país.

Corresponderá al INPSASEL este rescate, para lo cual requiere la comprensión de los actores sociales, desde los Ministerios del Trabajo y el de Salud, el Presidente del IVSS, como representantes del actor gobierno, hasta los representantes de los actores empresariales y sobre todo de los sectores sindicales y trabajadores en general.

EDUCACIÓN:

La salud y la seguridad en el trabajo no están contempladas en ninguno de los sectores de la educación nacional, sino en etapas terminales de cuarto nivel como son algunos postgrados. Solamente en la educación superior ha sido introducida esta línea del conocimiento pero de manera sectorizada, desarrollándose aisladamente la higiene, la seguridad y la medicina del trabajo, una de las otras.

La desinformación de los egresados universitarios en la materia repercute negativamente en la atención que deberían recibir los trabajadores en los centros de salud y en el diseño de mejores puestos de trabajo instalaciones y maquinarias. Las necesidades de egresados son: 2.000 médicos ocupacionales y 7.000 prevencionistas, que incluye a higienistas ocupacionales, expertos de seguridad industrial y a otros especialistas.

La mayor parte de la dirigencia sindical y de la dirigencia empresarial no están dando muestras de querer adelantar esfuerzos para mejorar sustancialmente las condiciones y medio ambiente de trabajo. En especial, la dirigencia sindical tradicional es la responsable de la casi nula información de los trabajadores acerca de los riesgos ocupacionales, sus efectos sobre la salud y las acciones que se deben emprender para la defensa de la salud en el trabajo, por su tendencia marcadamente economicista.

No obstante que la LOPCYMAT dispone los mecanismos para enjuiciar a las empresas responsables de los accidentes y enfermedades profesionales, los sindicatos han sido renuentes a adelantar los procesos judiciales.

SERVICIOS EMPRESARIALES:

A pesar que el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (1968) demanda un Servicio Médico en toda empresa con más de 100 empleados, para el año de promulgación de la LOPCYMAT, es decir, para 1986, sólo 350 empresas tenían un servicio de esta naturaleza. La promulgación de la Ley Orgánica al contrario de lo que se esperaba no aumentó esa cantidad. Debe mencionarse que las petroleras nacionales han sido pioneras y promotoras de estos servicios.

Al contrario, este número de empresas con servicios de medicina ha disminuido por la implantación de programas de control de gastos, ya que han considerado más barato contratar esos servicios en los que se ha denominado en la última década los "outsourcings" o servicios externos. Los resultados han sido nefastos para los trabajadores, ya que por tradición estos servicios han estado en manos de médicos que no son especialistas en medicina ocupacional.

Los servicios de Seguridad e Higiene Industriales, llamados en la LOPCYMAT de 1986, Órganos de Seguridad Laborales si están presentes, pero en la mayoría de empresas con más de 1.000 empleados, sólo que su función en un amplio número de casos ha sido desviada hacia la protección de los bienes de las empresas. Y en referencia a los Comités de Higiene y Seguridad, en cuanto paritarios, sólo existen en muy contados lugares, como en la Universidad Central de Venezuela.

LAS PERSPECTIVAS:

Algunas señales positivas que se observan al margen del desolador panorama arriba presentado, se relacionan con la tendencia de las empresas del sector petrolero y químico internacional a promover la salud, la seguridad y el medio ambiente bajo una óptica integracionista, coincidente, con la “Estrategia de Salud Ocupacional para Todos” que lanzó la OMS en 1994. Dentro de este “no deseado” pero obligado esquema globalizante, las empresas nacionales se vean estimuladas por esta tendencia, pudiera considerarse alentador. Ya PDVSA en su esquema reorganizador ha adoptado esta idea integradora.

Otro aspecto se relaciona con el movimiento empresarial por la calidad y la productividad. Hoy por hoy, gracias a ese movimiento, cualquier gerente que se respeta ha debido estudiar el impacto saludable a las empresas que significan mejores condiciones y medio ambiente de trabajo.

Faltaría que la dirigencia sindical rompa las ataduras con la práctica economicista que facilita el control sindical, paso previo para satisfacer a políticos que sólo busquen perpetuarse en el poder. Algunas manifestaciones sindicales sugieren que esta tendencia de ruptura comienza a manifestarse.

Entre los aspectos positivos que deben considerarse para iniciar por fin un programa del Estado venezolano para mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo se pueden citar: el rango constitucional que adquieren las disciplinas de higiene y seguridad en el artículo 87 de la nueva Constitución Bolivariana, la existencia de postgrados de salud ocupacional en las principales
universidades nacionales: UCV, LUZ, UC, UCLA y UNEG que por una década han estado preparando fundamentalmente los médicos y más recientemente los ingenieros que deberán ir a las empresas a ayudarlas a dar cumplimiento de la LOPCYMAT.

Igualmente se han desarrollado en el país, bajo el influencia de esta Ley una veintena de instituciones tecnológicas y de educación superior que han venido formando los técnicos que este proceso demanda, algunos con una gran calidad y otros de menor nivel, pero que en todo caso son indicativos del interés del sector educativo, tanto público (UNEXPO en Puerto Ordaz, IUTAEB en Barquisimeto y IUTSI en Valencia, para nombrar a los de más alta calificación) como del privado.

Cerramos estas ideas con un importante aspecto positivo, y se refiere a que desde la promulgación de la LOPCYMAT numerosas empresas, especialmente las más grandes y las de mayor capital, comenzaron a desarrollar programas de higiene y seguridad, que independientemente de sus bondades e ineficiencias, han contribuido a generar una visión prevencionista en un reducido sector de la gerencia, de los cuadros medios supervisores y de los propios trabajadores.

RÉGIMEN O SUBSISTEMA DE RIESGOS LABORALES:

Las visiones que se tienen sobre este problema están bien delimitadas, faltaría ver quien tiene en la práctica mayor poder de convocatoria en factores que puedan influenciar la decisión que finalmente tome el poder ejecutivo. No en balde decía hace pocos días el Fiscal General, Dr. Isaías Rodríguez, que "al contrario de lo que muchos opinan en el sentido que se quiere arremeter contra los sindicatos, precisamente lo que estamos careciendo es de sindicatos capaces de presionar para defender los derechos de los trabajadores", en una clara alusión a la pugna entre quienes deseamos un sistema de seguridad social lo más apagado a la Constitución del 99 que se pueda, y quienes representando al capital extranjero y nacional estarían viendo mermadas sus aspiraciones lucrativas en todas las esferas de la seguridad social en discusión, entre ellas los riesgos laborales.

Para el autor, la idea de clonar las legislaciones que al respecto se han elaborado en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y demás países donde se aplicó la carta del FMI, no debería pasar, primero, porque no es una idea nacional, es una copia mal venezolanizada (por lo menos para quien esto subscribe) para el desarrollo de la industria y de las empresas nacionales que pudiera dejar en un segundo plano la prevención de los riesgos ante la urgente necesidad del pago por el accidente y la enfermedad.

El subsistema debe ser universal, ya que los trabajadores del campo y el mar, los de la economía informal deberían tener acceso, y para ello se pudiera desarrollar y aplicar un sistema parecido al español, que prácticamente enterró la informalidad del trabajo. Para la Seguridad Social Española todo “informal” que realiza una tarea lo hace con materiales, bienes, equipos, productos, etc. que pertenecen a alguien, quien representa así al empleador.

Así por ejemplo, los millares de buhoneros que pululan las principales calles de las principales ciudades y pueblos de Venezuela, no son tan informales ya que para este sistema cotizaría la empresa o la persona que le vende las cosas que esos buhoneros ponen en esas calles, si aplicáramos el modelo español. De tal manera que la propuesta no debe ser exclusivamente laboralista en los términos tradicionales que hasta ahora hemos conocido, aunque sólo es pagada por los empleadores.

No basta con leyes indemnizatorias que busquen pagar “rápido y bien”, para lo cual no se requiere crear más burocracia, sino que dentro de un subsistema de prestaciones dinerarias podría haber un régimen que se encargue de cobrar de los empleadores estas cotizaciones y pagar a los afectados al menos más rápido y mejor que lo que hace hoy por hoy el propio IVSS - por supuesto, este régimen tendría su propio fondo – se requiere que en verdad haya prevención.

Eric Omaña.
Caracas, 14-3-2001

NOTA: en una próxima entrega, haré un ejercicio de que ha pasado en estos 21 años, por supuesto desde mi perspectiva y memoria, partiendo de cuando presenté este documento en el parlamento a la fecha actual. Es un compromiso con mis lectores y conmigo mismo.